CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
El secular enfrentamiento entre nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles provocó la guerra civil española en el período 1936-1939 (un millón de muertos y cuarenta años de dictadura hasta la "transición" pactada en 1978 con la proclamación de la Constitución Española ). En la "Carta Magna", Cataluña quedó reconocida como una de las "nacionalidades históricas" integradas en la "nación" española; un encaje de bolillos para salir del paso entre las reivindicaciones populares y la mirada vigilante de los militares franquistas.
El 18 de diciembre de 1979 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el 20 de marzo de 1980 Jordi Pujol Soley (más tarde conocido como el Padrino de Cataluña) fue elegido democráticamente como presidente de la Generalitat de Catalunya (institución milenaria que comprende el parlamento regional, el gobierno regional y demás instituciones públicas catalanas).
El Padrino de Cataluña permaneció un cuarto de siglo en el machito. En las elecciones del 16 de noviembre del 2003, el heredero del "padrino de la mafia catalana", Artur Mas Gavarró, sustituyó a Jordi Pujol Soley como presidenciable a la Generalitat de Catalunya. Ganó en escaños, pero no en votos, porque la coalición entre socialistas y republicanos dio la Presidencia del Gobierno de Cataluña a Pasqual Maragall Mira. Los nuevos dirigentes de la Generalitat de Catalunya elaboraron un nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado por el parlamento regional el 30 de septiembre del 2005. Tras el trámite de rigor en las Cortes Generales (Congreso de Diputados y Senado) el 10 de mayo del 2006 quedó aprobado definitivamente aun cuando posteriormente el Partido Popular interpuso recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos así como inició una campaña de recogida de firmas en España para convocar un referéndum contra el Estatuto de Autonomía a pesar de haber sido aprobado en referéndum por el pueblo catalán el 18 de junio de 2006. Democracia española versus democracia catalana.
Cuatro años más tarde, el 28 de junio del 2010, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del Estatuto de Autonomía; entre ellos, la oficialidad del catalán como idioma único en Cataluña; la creación de un poder judicial autónomo; la ampliación de las competencias fiscales y la supresión de las competencias del Defensor del Pueblo español en Cataluña. La revuelta popular en las calles de Cataluña bajo el lema "Som una nació. Nosaltres decidim" (Somos una nación. Nosotros decidimos) dio paso a las elecciones regionales del 28 de noviembre de 2010. Artur Mas Gavarró arrasó en votos y escaños. Asumió la Presidencia de la Generalitat de Cataluña con el propósito de proclamar la República Catalana. Mientras trataba de negociar en vano con el Gobierno de España un concierto económico varios ayuntamientos catalanes declararon sus municipios "territorio catalán libre". Dos años de tira y alfoja hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre del 2012 con carácter plebiscitario.
El aumento de la participación en los comicios (pasó del 60 por ciento en 2010 al 68 por ciento en 2012) provocó la disminución de escaños del partido de Artur Mas Gavarró aun cuando el número de votos apenas disminuyó en 80.000 papeletas. El aumento considerable de ERC compensó la pérdida de escaños de CDC por cuya razón la coalición soberanista no sufrió merma. El pacto de gobernabilidad entre CDC y ERC dio paso a la "Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña" en el parlamento regional con el punto de mira en la convocatoria de un referéndum para la Independencia. El Gobierno de España recurrió dicha declaración y el Tribunal Constitucional la suspendió. El gobierno catalán hizo caso omiso y prosiguió los planes refrendarios con la adhesión del 96 por ciento de los 947 ayuntamientos catalanes (sólo un ayuntamiento catalán, Potons, de 453 habitantes, está gobernado por un alcalde del Partido Popular). Finalmente la consulta se hizo el 9 de noviembre en virtud de la Ley de Consultas de Cataluña promulgada por el parlamento regional a tenor de lo previsto en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía. Participaron más de dos millones trescientos mil votantes (aproximadamente el 45 por ciento del censo electoral). A la vista del masivo voto partidario de la Independencia el presidente del gobierno catalán propuso convocar una consulta vinculante y pactada con el Gobierno de España. La respuesta del Estado fue la presentación de querellas a diestra y siniestra por desobediencia, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones y tiró por tierra cualquier posibilidad de diálogo y negociación entre Cataluña y España. La rebelión catalanista siguió aumentando. El nuevo partido político fundado por Artur Mas Gavarro (lo hizo para soltar lastre una vez Jordi Pujol Soley fue procesado por corrupción) y ERC firmaron un pacto para concurrir juntos a unas nuevas elecciones con la idea de declarar la Independencia unilateralmente. En los comicios celebrados el 27 de septiembre de 2015, la coalición soberanista mantuvo el número de votos, pero perdió escaños por el extraordinario aumento de participación hasta el 75 por ciento del censo electoral. Irrumpió en escena la Candidatura de Unidad Popular (CUP) de extrema izquierda. Para apoyar a la coalición soberanista encabezada por Artur Mas Gavarró exigieron precisamente la cabeza del heredero del Padrino de Cataluña. Durante varios meses estuvieron negociando bajo la espada de Damocles de celebrar nuevas elecciones. Finalmente el 9 de enero del 2016 pactaron nombrar como presidente del gobierno regional a Carles Puigdemont Casamajó, ex alcalde de Girona. Formaba parte del pujolismo sin embargo no estaba "quemado" como Artur Mas Gavarró. Puigdemont pisó el acelerador hacia la República Catalana mientras las "cloacas del Estado" pusiero en marcha la Operación Cataluña para intentar desacreditar a los dirigentes soberanistas a través de pruebas falsas, manipulación de datos e informes filtrados a la prensa. El ministro del Interior y varios comisarios del Cuerpo Nacional de Policía terminaron salpicados por el escándalo.
En los primeros días de septiembre del 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. El referéndun quedo fijado para el 1 de octubre. Intervención del Tribunal Constitucional y traslado de miles de policías y guardias civiles (dependientes del Ejército de Tierra) para reprimir la votación de los ciudadanos. En tan sólo una hora las Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron 1.000 heridos de diversa consideración. Las imágenes de la "democracia" española asaltando colegios electorales e interceptando urnas dieron la vuelta al mundo. Un periódico norteamericano tituló: "España, la vergüenza de Europa".
De no haber ocurrido la brutal represión policial (golpeando a personas mayores de 80 años y menores de once años de edad), posiblemente el mundo no se hubiera solidarizado con un referéndum sin legitimidad por cuanto se hizo sin ningún reconocimiento democrático por dejar fuera a la mayoría del pueblo catalán. Sin embargo la reacción del Estado contra un pueblo indefenso ha puesto de manifiesto la doble moral del Gobierno de España; dulce de membrillo con la oposición fascista venezolana y cicuta en Cataluña. España no sólo ha perdido a una parte de Cataluña; también ha despertado el recuerdo de tiempos pasados. La democracia en España está en peligro. A partir de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para intervenir la Generalitat de Cataluña (gobierno, parlamento y administración pública) el presidente catalán sólo tiene dos caminos. Dar marcha atrás, rendirse (ni siquiera la hipotética convocatoria de elecciones autonómicas es una solución posible) o dar un paso adelante. Pero la declaración unilateral de la República Catalana provocará disturbios, represión, muertos.
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