MAFIAS DEL ESTADO - RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

La internacionalización de la economía, el desarrollo de las telecomunicaciones, la proliferación de zonas de baja tributación (denominadas "paraísos fiscales"), la multiplicación de transferencias financieras opacas, la desaparición de las fronteras internas en la Unión Europea y la caída del Muro de Berlín, son algunas de las causas que han propiciado la globalización del crimen organizado. El Sindicato Mundial del Crimen, por su carácter transfronterizo y por sus vínculos impunes con la Mafia Pasiva de cada país (gobernantes, jueces y funcionarios corruptos), constituye no sólo la más grave amenaza contra el Estado de Derecho democrático y la economía de libre competencia, sino un factor de perversión de la sociedad y desmoralización de los gobernantes, jueces y funcionarios leales en la defensa de la justicia como fin supremo de la democracia. No existe seguridad sin justicia ni democracia sin compromiso en la guerra contra la delincuencia organizada y la corrupción.

Fuente: Rafael Sánchez Armas, director del Centro Internacional de Criminología.

SINDICATO MUNDIAL DEL CRIMEN

ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA MAFIOSA

MODUS OPERANDI DEL CRIMEN ORGANIZADO

TRATAMIENTO JURÍDICO DEL CRIMEN ORGANIZADO

DESINTEGRACIÓN DE LA URSS ALARMA EN LA ONU

PABLO ESCOBAR GAVIRIA CAPO DE CAPO

ARREPENTIDOS DE LA YAKUSA JAPONESA

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CARLOS RESA EXPERTO EN CRIMEN ORGANIZADO

CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO

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SERIOUS ORGANISED CRIME AGENCY

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MERCADER DE LA MUERTE

INTELIGENCIA ANTICRIMEN ORGANIZADO

CRIMEN ORGANIZADO Y ECONOMÍA ESTRATÉGICA

GEOPOLÍTICA DEL CRIMEN ORGANIZADO

CAPITALISMO Y MAFIA

El diputado suizo Jean Ziegler, autor de "Los señores del crimen", ha reflexionado sobre la vinculación entre la Mafia y la economía de mercado. "Un espectro recorre Europa: el crimen organizado. Desde hace más de dos siglos, en nuestro continente existen sociedades democráticas regidas por normas libremente aceptadas. Hoy las amenaza la ruina por culpa de los señores del crimen organizado. Los cárteles del crimen constituyen el estadio supremo y la propia esencia del modo de producción capitalista". De Jean Ziegler al empresario de Chicago Lee Walker, autor de "El management de la mafia" "Cosa Nostra y Cosa de Ustedes (la economía legalizada) tienen muchos lazos en común: máximo beneficio con el mínimo coste; métodos resolutivos (violencia física en el caso de Cosa Nostra y presión económica en el caso de Cosa de Ustedes, por ejemplo, una OPA hostil contra un banco rival); completo entendimiento con políticos y abogados corruptos; lealtad con sus mercenarios o trabajadores hasta la muerte (la muerte del "soldado" traidor o despido del empleado cuando ya ha dejado de ser un servidor obediente, resignado, sin grandes aspiraciones). Cosa Nostra, comparada con la mayor parte de las grandes empresas multinacionales, se parece a una congregación de la Madre Teresa de Calcuta. El respeto es condición indispensable para triunfar tanto en Cosa Nostra como en Cosa de Ustedes. El miedo es la forma más elevada de respeto. La verdadera naturaleza de los negocios es hacer dinero. En Cosa Nostra el dinero es bienvenido, aunque venga en un saco sucio. También en Cosa de Ustedes se practica esta filosofía porque muchos negocios legales (bancos, agencias de transporte o medios de comunicación) pertenecen a Cosa Nostra. Ya lo dijo Al Capone: "Soy como cualquier otro empresario. Me limito a cubrir las demandas del mercado". En el mundo de los negocios legales, engañar a los clientes no está mal visto, siempre y cuando no lo descubran. Defraudar a la Hacienda Pública; estafar a los clientes de un banco o practicar la usura es un delito, pero no una deshonra para un capitalista emprendedor. Tanto Cosa Nostra como Cosa de Ustedes son organizaciones perfeccionistas. ¿Por qué dejar en manos de otros la posibilidad de hacer negocios? Se ha de aniquilar la competencia, y si no es posible se ha de repartir equitativamente el mercado. Cosa Nostra dividió Nueva York entre cinco Familias y Cosa de Ustedes a veces está en manos de los monopolios. La única gran diferencia entre Cosa Nostra y Cosa de Ustedes radica en la utilización de la publicidad como técnica de venta. Cosa Nostra no necesita la mentira legalizada".

SINDICATO MUNDIAL DEL CRIMEN
PRESENCIA EN ESPAÑA

De acuerdo con el último informe elaborado por los servicios de información policiales, durante el pasado año se detectó en suelo español la presencia de 480 grupos que cumplen con los requisitos de jerarquía, disciplina interna, recursos propios y continuidad en la comisión de graves delitos, característicos de la criminalidad organizada. Es una constelación delictiva, repartida geográficamente de manera desigual, de la que forman parte no menos de 8.600 delincuentes. Aunque la mayoría de estos individuos son extranjeros: rumanos, colombianos, marroquíes, franceses, nigerianos, rusos, británicos, búlgaros e italianos, preferentemente, los españoles (3.802 se contabilizaron en 2004) están presentes en el 80 por ciento de estas organizaciones. Desde que las multinacionales del delito pusieron sus ojos en España, el crimen organizado en este país es casi siempre la conjunción entre delincuentes venidos de fuera y españoles que les prestan cobertura y el conocimiento del terreno. Extranjeros son ya, de hecho, la mitad de los 400 reclusos clasificados con la máxima peligrosidad. Se trata de una delincuencia nueva, poderosa, sofisticada y desalmada que cuenta con amplias conexiones internacionales. Son las multinacionales del crimen, grandes pulpos mafiosos que han desplegado sus tentáculos en suelo español. Muchos de ellos proceden de los países del Este, como si la caída del muro hubiera dado paso a la eclosión de una multitud de pequeños ejércitos criminales que se han desparramado por Europa hasta llegar a la península Ibérica. El peligro no viene de las pateras ni de los cayucos. El peligro viaja normalmente en avión y con pasaporte falso, tiene dinero y contactos, maneja las últimas tecnologías, cuenta con infraestructura y camuflajes, a menudo, empresariales, y está animado por la voluntad fría del criminal profesional, del delincuente por convicción. Poco que ver, tampoco, con los inmigrantes que sobreviven como pequeños camellos o que llegan a España con una pequeña partida de droga por capital. "Los grupos criminales organizados han copiado los métodos de la organización empresarial; calculan los riesgos, costes y beneficios y analizan las zonas de asentamiento más favorables para sus actividades", se indica en el informe policial correspondiente al pasado año. Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, La Coruña, Murcia y Cádiz, son sus principales zonas de asentamiento, aunque ningún punto de la geografía esté libre de su huella delictiva. La mitad de estas organizaciones, formadas por una media de 31 individuos -una docena disponen de más de un centenar de miembros- utilizan estructuras comerciales legales o ficticias; se sirven de abogados, contables, financieros, transportistas, suministradores, y la cuarta parte blanquean por sí mismas los beneficios ilícitos que obtienen. Ochenta de estos grupos están catalogados en los niveles alto y muy alto de peligrosidad a causa de su potencialidad delictiva y de los medios económicos y técnicos de que disponen. El año pasado, se les incautaron 44 armas largas y 188 cortas, 1.025 vehículos, 25 embarcaciones, 5 avionetas, un helicóptero, 24 millones de euros en efectivo y varios millones más de euros en billetes falsificados, además de fincas, viviendas, locales y gran cantidad de joyas. Las policías españolas llevan ya años volcadas sobre los colectivos más poderosos y sofisticados, pero en esta pelea en la que unos tejen y otros destejen permanentemente -el Cuerpo Nacional de Policía detuvo el pasado año a 2.615 de estos individuos, de los cuales 985 son españoles- los resultados están lejos de ser tranquilizadores. Bien asesorados en el plano legal, algunas de estas organizaciones operan hábilmente en los intersticios legales del sistema y aprovechan las lagunas de la cooperación policial-judicial. Su dominio de las nuevas tecnologías obstaculiza, además, el rastreo de sus actividades, a menudo, complejas y transnacionales. El caso es que los investigadores policiales difícilmente consiguen penetrar en los núcleos organizativos y reunir pruebas suficientes como para obtener su ingreso en prisión. De hecho, el año pasado, el 26 por ciento de estos grupos resistieron casi sin daños las ofensivas policiales. Los informes reservados de la policía contienen a esa altura del relato un punto de desaliento y varios más de inquietud: "Son muy peligrosos y difíciles de abortar" (...) "Cada vez resulta más difícil su desarticulación" (...) "La amenaza y el riesgo que representan va en aumento". Así que la pelea será larga y el éxito no está asegurado de antemano, aunque el sistema esté desplegando fiscales anticorrupción por media España y el Ministerio del Interior haya reforzado con 200 nuevos agentes la Comisaría General de la Policía Judicial, ampliado las plantillas de policías y guardias civiles, creado equipos especializados (GRECO en la Policía Nacional y ECO en la Guardia Civil) y recompuesto unidades de investigación deshechas años atrás. "España no ha reaccionado con suficiente energía frente a la instalación de organizaciones criminales transnacionales. No puede ser que nos sorprendan con la guardia baja", ha declarado el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. "Las mafias acaban por corromper al Estado y al poder público al instalarse en una sociedad débil", ha alertado, a su vez, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. España tiene, pues, un serio problema con este nuevo ciclo del crimen organizado, un problema de alcance que se superpone a la violencia nueva y salvaje importada por los grupos que practican el secuestro exprés y el asalto a viviendas habitadas con secuestro de sus moradores. El problema se llama mafia y su principal efecto es la corrupción que, según el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, "ya ha empezado a asomar en algunos ayuntamientos". Pese a que menos de la tercera parte de estos colectivos hacen uso expreso de la violencia o de la intimidación -el delito económico es más rentable y está menos penado- y aunque tampoco puede decirse que el número de secuestros exprés (60 el pasado año) sea enorme para una población como la española, cada uno de estos casos pone un nudo en la garganta de los ciudadanos. Esa violencia inusitada, ejercida, a veces, de forma gratuita, que caracteriza a estas modalidades delictivas desconocidas hasta ahora en España, está disparando las alarmas sociales y provocando que la sensación de inseguridad y el miedo a ser víctima de un ataque ganen cuerpo en la sociedad. La situación es paradójica, porque las últimas estadísticas oficiales dan cuenta del descenso global del número de delitos y certifican que, pese al aumento de la criminalidad experimentado en la última década, España sigue por debajo de la media delictiva europea, excepto en los casos de robo con fuerza o intimidación donde tradicionalmente nos situamos a la cabeza de Europa. En la actualidad, España es ya el país del continente con más presos por número de habitantes, -estamos equiparándonos a los EE UU y a los países subdesarrollados-, pero en los comentarios de la calle y en buena parte de la opinión pública late la impresión de que el sistema es poco eficaz y excesivamente permisivo con los delincuentes. Es una percepción que se manifiesta en la frase tópica: "Entran en la cárcel por una puerta y salen por la otra" y que alimenta una demanda de "más detenciones, más penas severas", a la que el Gobierno trata ahora de responder con la nueva reforma del Código Penal. La alarma social provocada por los delitos violentos se suma así a la inquietud del asentamiento, más discreto, de los grandes grupos mafiosos. El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, subraya que, por encima de todo, España es un país elegido por las grandes organizaciones internacionales para el blanqueo del dinero. "Con el concurso de testaferros y hombres de confianza españoles, los blanqueadores de las mafias han abierto aquí sus sucursales y creado amplias redes de sociedades pantalla, a veces con 30 ó 40 firmas, que les permiten ocultar a los verdaderos propietarios de las urbanizaciones, terrenos o empresas adquiridas en este país. "Tenemos que reconocer que el problema tiene un calado más hondo que el que podíamos pensar hace algunos años", añade el Fiscal Anticorrupción. "Puede que estas mafias tengan comprados a miembros de las instituciones de sus países de origen, pero no parece que aquí hayan alcanzado todavía ese nivel. Si no les frenamos, estas organizaciones que poseen estructuras estables y tienden a establecer contactos en los ayuntamientos acabarán por corromper a las instituciones", afirma Antonio Salinas. También José Antonio Rodríguez González, asesor del secretario de Estado de Seguridad, cree que el problema está siendo combatido oportunamente. "En España acostumbramos a relativizar demasiado algunos fenómenos y luego tenemos que reaccionar a toda prisa. Nos pasó con la heroína y los atracos a los bancos en los años 80, con el asentamiento de mafiosos en la Costa del Sol - 'bah, total, vienen a descansar y dejan un dinero'- y nos ha pasado con el terrorismo islamista. Somos muy reactivos y muy poco preactivos, pero creo que en este asunto hemos cogido el fenómeno a tiempo", sostiene. A la vista del panorama, la justicia y la policía han optado por reorientar su estrategia y modificar sus métodos. Ahora, toda investigación sobre un grupo organizado activa sistemáticamente otra dirigida a averiguar el patrimonio de la banda y a determinar sus métodos de blanqueo. "Hay un cambio en la investigación, estamos aplicando una metodología con expertos contables, grupos de inteligencia y cooperación internacional", confirma el responsable de la Comisaría Judicial, José Luis Olivera. "A estos grupos", dice, "no se les ataca incautándoles la mercancía porque pueden rehacer toda la red contratando a nuevos lacayos y financiado nuevos envíos. Sólo se les combate eficazmente si arruinas a sus capos", subraya. ¿Y por qué las multinacionales del crimen han decidido instalarse en España? Aunque las razones de este asentamiento son múltiples, -una sociedad ya rica, un sistema democrático y garantista-, el elemento determinante original lo constituye el hecho de que España esté siendo utilizada desde hace bastantes años como el primer hipermercado mundial del hachís y uno de los primeros de la cocaína. La proximidad geográfica con Marruecos y la lengua común con América Latina le convierten en la plataforma preferente continental de la distribución de hachís y en el primer destino europeo de la cocaína, preferentemente, colombiana. Una hipótesis razonable, sostenida también por el comisario José Luis Olivera, es que el asentamiento de estas organizaciones responde, en origen, a la lógica de situarse de forma estable en el mercado del hachís y de la coca. Lo que empezó como ocasionales viajes de abastecimiento para nutrir a las redes de distribución de droga de los respectivos grupos criminales europeos ha derivado en estructuras más amplias y estables, a medida en que la represión del tráfico ha exigido infraestructuras más sofisticadas y de mayor envergadura. Una vez establecidas aquí, las organizaciones criminales han descubierto en nuestro país una tierra de oportunidades: una sociedad con posibilidades para el enriquecimiento rápido y sin control social, particularmente en las áreas del Sur y el Levante español donde las urbanizaciones que proliferan como hongos albergan a una población residencial, en gran medida extranjera, que se confunde con los 40 millones de turistas. Y como apunta el comisario de Málaga, Alfredo Marijuán, "también los delincuentes aprecian el buen clima, la buena vida y este ambiente relajado, festivo y turístico". Pero por encima de todo, las mafias internacionales han descubierto en España un territorio ideal para el blanqueo del dinero procedente de los tráficos de drogas, de armas y de personas. Es ideal porque la ingente cantidad de dinero negro que circula en este país -unos 130.000 millones de euros- da la medida de la escasa efectividad de los controles administrativos, judiciales y políticos, así como de las facilidades cómplices que les presta un entramado de oficinas bancarias, notarios, registradores de la propiedad y bufetes lavaderos de abogados. También ellos, los del crimen organizado, han encontrado en el ladrillo al gran tótem del enriquecimiento súbito, con la interesante particularidad, en su caso, de que además de ahorrarles el porcentaje habitual de merma económica que acarrea habitualmente el blanqueo de dinero negro, el negocio de la construcción les está proporcionado unos beneficios descomunales. Más información.

SEGUNDA PARTE
TENTÁCULOS EN LOS AYUNTAMIENTOS

"A lo largo de estos años, las operaciones ligadas a la construcción en la Costa del Sol han aportado unos réditos mucho mayores que los de la Bolsa y sólo superables por los tráficos delictivos de drogas, armas o prostitución", apunta Rafael Duarte, responsable de Urbanismo en la gestora municipal que administra ahora la bancarrota del Ayuntamiento de Marbella. "Calculo que el beneficio real de las inversiones oscilaba entre el 60 por ciento y el 70 por ciento, pero es que las plusvalías por la compraventa de suelo han sido impresionantes. Hay quien compró suelo rústico a 1.500 pesetas el metro cuadrado y al poco tiempo, una vez recalificado, lo ha vendido por más de 200.000", afirma Duarte. A El Dorado del Sur y el Levante español han acudido a lo largo de estos años capitales coloreados con la gama completa de tonalidades que van del blanco inmaculado al negro riguroso: dinero legítimo, transparente; dudoso, sin propietario conocido; decididamente opaco de los paraísos fiscales, sospechosamente sucio y también dinero procedente de las multinacionales del crimen y de las mafias locales. Fondos de inversión nacionales y extranjeros, bancos -casi todos tienen su división inmobiliaria-, sociedades de inversión, asociaciones gremiales (joyeros), promotores de capital indio procedente, por lo visto, de las tiendas del todo a 100, grandes inversores particulares y hasta personajes famosos del mundo de la canción y del fútbol se han dado cita en este gran negocio que ha convertido en millonarios a pequeños constructores, enriquecido a políticos locales y extendido la corrupción urbanística municipal en buena parte del litoral español. La Operación Avispa, llevada a cabo contra la mafia rusa en junio del pasado año, ya dio una primera prueba de que dinero procedente del crimen organizado internacional estaba siendo blanqueado en la costa del Mediterráneo español. Una idea de la peligrosidad de esta trama la aporta el hecho de que el jefe supremo de esta red, el ruso georgiano Zahar Kalachov, fue traído directamente a España desde Dubai en un avión militar, por miedo a que su poderosa organización secuestrara los aviones de línea regular en los que iba a ser inicialmente trasladado. Y por si quedaba alguna duda, la Operación Ballena Blanca (centrada en el bufete de abogados que gestionaba un millar de sociedades) ha confirmado la inversión del dinero del narcotráfico internacional en el sector inmobiliario español. Según el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet, más de una veintena de narcotraficantes detenidos en los últimos tiempos contaba con sus propias agencias inmobiliarias. "Ocurrió también en Cancún (México), en Palm Beach (Miami) y en Nápoles. Cuando la mafia entra en el tráfico de cocaína, elige a la construcción como el sector ideal de blanqueo", indica Alejandra Gómez-Céspedes, investigadora del Instituto de Criminología de Málaga. ¿Es muy audaz preguntarse por el papel que el crimen organizado ha podido desempeñar en el cementado intensivo que ha modificado irremisiblemente el paisaje del litoral español? ¿Hasta qué punto la propia presión financiera de estas mafias, su capacidad de corrupción y coacción, han podido contribuir a este fenómeno de expansión urbanística sin parangón en el mundo que, con epicentro en Marbella, se ha desarrollado ante la inacción práctica de los poderes públicos, avivada permanentemente por la codicia y la visión miope de los políticos que vieron ahí la gallina de los huevos de oro? A falta de pruebas que demuestren conexiones estructurales entre las mafias internacionales y las autóctonas, lo que sí hay son rumores, a veces instalados en altas instancias judiciales, policiales y políticas, que dan cuenta de amenazas de grupos extranjeros -incluido un secuestro por espacio de unas horas- a responsables municipales de urbanismo corruptos que habrían incumplido el compromiso de recalificar unos terrenos en los plazos acordados. "En el estudio sobre las prácticas ilícitas urbanísticas en la Costa del Sol que hicimos hace dos años dentro del proyecto internacional Falcone detectamos una gran presencia de dinero gris en la construcción", afirma José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho y director del Instituto de Criminología de Málaga. El estudio, que identificaba hasta ocho tipos de delitos urbanísticos habituales en la zona -la forma más típica de corruptela es el convenio urbanístico en el que constructores y ayuntamiento se ponen de acuerdo en la recalificación de terrenos que altera el plan general-, fue acogido con muestras de escándalo entre los empresarios del sector y una parte de la clase política. Las acusaciones de "criminalizar" a la construcción y perjudicar la imagen turística -"¿qué importa de dónde viene el dinero?", era un comentario recurrente- acogieron también el informe de la fiscalía, que puso igualmente de manifiesto las irregularidades urbanísticas y el dinero negro. Las denuncias de Ecologistas en Acción y los recursos de la Junta de Andalucía no lograron impedir la política de hechos consumados, en buena medida porque la justicia penal se mantuvo a la espera de que se agotara la vía contencioso-administrativa que suponía entre 8 y 10 años, tiempo más que suficiente para que las construcciones quedaran terminadas y vendidas. Decir que Marbella ha estado en manos de una mafia durante estos años y que todo el sistema ha fallado parece una obviedad. Una pregunta pertinente es si el procesado Juan Antonio Roca era el verdadero capo de la mafia local o, como sospechan algunos, sólo la cabeza visible de una organización de mayor alcance. Y la gran cuestión está en saber si Marbella y sus alrededores son un fenómeno aislado y pasajero o el síntoma más aparatoso y extravagante de una ola de corrupción que estaría recorriendo casi todo el litoral español y que no siempre va de la mano política de las agrupaciones electorales "independientes" que siguen surgiendo al modo del desaparecido GIL. "Mi impresión es que Jesús Gil empezó comprando voluntades y que con el tiempo descubrió que si se presentaba él mismo y ganaba las elecciones se ahorraría tener que comprar a los políticos. Porque ya no se compra al político, ahora es el político el que se pone en oferta", comenta el teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales. "Crearon un cuerpo de policía local bien dotado de medios técnicos para dar cobertura a los ladrones mafiosos. Hacían contravigilancias y barridos telefónicos para bloquear las investigaciones de la Policía Nacional". Se sabe también que algunos agentes de este cuerpo se ganaban un dinero extra trabajando para el Ayuntamiento marbellí. Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Gil reunía a la cúpula del poder judicial en unas jornadas pretendidamente técnicas festejadas con unas cenas lujosísimas en las que no faltaba de nada. Consiguieron remover a un comisario y a una juez hostil, seguir de cerca el funcionamiento de los abrumados juzgados -los turnos de guardia judiciales aparecen con todo detalle en uno de los cuadernos de Roca- y disponer del voto y de la adhesión de cientos de personas que debían su puesto de trabajo a la "generosidad" de los gestores municipales. Las detenciones del verano han supuesto un punto de inflexión evidente. "Los mafiosos o están callados o han levantado el campo", dice el teniente fiscal. Hay un antes y un después en Marbella, pero es dudoso que este juicio pueda extrapolarse al resto de la costa y de las capitales entregadas a la desaforada "pasión por construir". De hecho, nadie entre los observadores críticos del desmadre urbanístico duda de que el dinero negro se ha desplazado hacia Murcia, Alicante, Castellón, Madrid, etc., a nuevos territorios de oportunidad. En este contexto, crece la exigencia de retirar las actuales competencias de urbanismo a los ayuntamientos. "Tenemos una vivienda para cada dos habitantes y resulta que mucha gente no puede acceder a una casa propia. El 80% de las mociones de censura que se presentan en los ayuntamientos es por cuestiones urbanísticas", afirma el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verchet. "La teoría mercantilista de que los precios descenderían si se liberaba más suelo se ha demostrado completamente equivocada", dice, "porque en el precio de la vivienda están interviniendo factores no naturales". A Verchet no le cabe la menor duda de que el Estado debe recuperar las competencias. "Las instituciones fuertes tienen más capacidad de resistir la corrupción", subraya. A juicio del catedrático de Derecho Penal de Málaga José Luis Díez Ripollés lo ocurrido demuestra que, de hecho, los políticos locales no han podido resistir. "Pensar que esto se ha limitado a Marbella es un gran error, puesto que los cohechos y prevaricaciones han estado a la orden del día en la Costa del Sol, gracias a la aplicación de un patrón de inobservancia administrativa y dejación de responsabilidades inspirado en la creencia de que esto creaba empleo y riqueza", afirma. Abortar la expansión de este nuevo ciclo delictivo marcadamente globalizador y detener la corrupción rampante puede que exija también el endurecimiento de las penas por blanqueo que van desde los seis meses a los seis años de prisión. "No está tipificado como delito grave y tampoco implica el ingreso en prisión si el delito se comete por primera vez", apunta Díez Ripollés. "Y cuando un concejal prevarica y autoriza un delito urbanístico, la condena es de seis meses a dos años o multa", indica. Hay relatos que ilustran, obscenamente, el poderío económico de algunos de los acusados de Marbella. "Cuando el juez le anunció que para eludir la prisión tendría que depositar una fianza de 300.000 euros, el constructor se limitó a hacerle un gesto de asentimiento a su abogado", narra una fuente judicial. "Al poco tiempo, un empleado de su empresa depositó en el juzgado una bolsa con un montón de billetes. Pero la bolsa no contenía 300.000 euros, sino prácticamente el doble", relata un funcionario judicial. En opinión de Díez Ripollés, la sociedad española es más sensible a los robos que a los delitos que deshacen nuestro medio ambiente de forma irreversible. No es el único que alerta del peligro de legislar a golpe de suceso dramático. Ciertamente, mucho más tras la importación del secuestro exprés y el asalto violento a los domicilios habitados, el debate parece ser el de "más cárcel o más cárcel". "Ha desaparecido la actitud de comprensión hacia la criminalidad tradicional, en especial hacia la pequeña delincuencia, que consideraba al delincuente un ser socialmente desfavorable y marginado", indica Díez Ripollés. Y eso ocurre, precisamente, cuando aparecen entre nosotros inmigrantes sin recursos que parecen abocados a la marginación. A juicio de este especialista, la realidad delincuencial española no justifica el protagonismo que la inseguridad ciudadana ha adquirido en la agenda política y en la opinión pública y que está dando lugar a sucesivas reformas en la legislación penal. "Estamos llegando a unas tasas de encarcelamiento insostenibles, y teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de los penados están en la cárcel por comisión de delitos contra el patrimonio o por tráfico de drogas, haríamos bien en preguntarnos", dice, "qué peculiaridades concurren en nuestro país para que, con independencia del desarrollo económico, tengamos una delincuencia patrimonial desconocida en otros países europeos". En su opinión, la respuesta habría que buscarla en el bajo gasto social y en el poco esfuerzo que el sistema judicial ha realizado en el campo de las penas alternativas. En lugar de endurecer el arsenal punitivo disponible sobre la delincuencia clásica, habría que poner coto a la nueva criminalidad de la corrupción y el blanqueo de la delincuencia de guante blanco. A propósito del clima de preocupación social, el profesor Borja Mapelli, de la Universidad de Sevilla, subraya que "el índice de criminalidad que soporta una sociedad poco o nada tiene que ver con su percepción sobre la seguridad o inseguridad". El caso es que la inseguridad ciudadana lleva ya años reclamando el interés creciente de los medios de comunicación españoles, tal y como ha puesto de manifiesto la investigadora de la Universidad de Málaga Susana Soto Navarro, además de disparar el crecimiento de la seguridad privada. Al igual que otros investigadores, Soto sostiene que los medios de comunicación ofrecen, por lo general, una visión deformada de la realidad delictiva, en la medida en que sobredimensionan los delitos, obvian los datos oficiales de criminalidad real e ignoran la opinión de los expertos. Se comparta o no esta apreciación, es evidente que el delito y el miedo al delito pone en manos de los medios de comunicación una poderosa, y tentadora, palanca de influencia que puede acabar con cualquier Gobierno que aparezca incapacitado para controlar la delincuencia. El vacío abierto por la ausencia de un debate político serio sobre el problema está siendo ocupado por la habitual polémica tramposa, al circular la asociación aberrante entre delincuencia e inmigración. Es un asunto extremadamente grave porque, como en las grandes falacias, la mentira se nutre también aquí de algunas verdades relativas. En efecto, la delincuencia organizada es preferentemente cosa de extranjeros y, además, parece igualmente cierto que el índice de delitos entre la población inmigrante es superior, a causa de su marginación social y de sus hábitos culturales. Según los cálculos del investigador criminólogo Manuel Avilés, autor del estudio Criminalidad Organizada, el 30 por ciento de los crímenes conyugales son obra de extranjeros. Si reconocer la realidad y huir de lo políticamente correcto parece condición necesaria para abordar el problema, evitar el alarmismo, la frivolidad incendiaria y la confusión resulta imprescindible para conjurar el peligro de la xenofobia y conseguir la integración razonable de las segundas generaciones de la inmigración. Distinguir entre los criminales por convicción, difícilmente reinsertables, y los delincuentes ocasionales por necesidad parece, igualmente, un ejercicio conveniente, como lo es desmontar el engaño que presentó a Marbella como la ciudad sin delincuencia. Mientras expulsaba, de forma ilegal, a marginados, pequeños rateros y a prostitutas pobres, el Ayuntamiento de Gil cobijaba a grandes criminales, ladrones de guante blanco, narcotraficantes y prostitutas de lujo. Conviene dejar claro que nunca hubo tanto delincuente y tanto delito en Marbella como cuando los delincuentes y corruptos gobernaron esa ciudad. La contradicción aparente entre la modesta tasa delictiva de nuestro país y el elevado número de reclusos se explica, en gran medida, por el endurecimiento -dos años más de cárcel- de las penas por tráfico de drogas y por las instrucciones para que los fiscales solicitaran sistemáticamente la prisión provisional en el caso de extranjeros irregulares. En solo tres años, la población reclusa ha pasado de tener una edad media de 32 años a 37. Lo explica con precisión el subdirector general de Tratamiento Penitenciario, Virgilio Valero García: "De los 9.000 internos extranjeros que teníamos hace cinco años, hemos pasado a 19.500, lo que significa que casi la tercera parte de nuestra población reclusa no es española. Los ingresos de extranjeros crecen porque como muchos carecen de arraigo y se corre un riesgo mayor de que se sustraigan a la acción de la justicia, raramente se les aplica la libertad provisional. De hecho", indica, "el 39 por ciento de ellos está en situación preventiva, frente al 14 por ciento de los españoles. Además, el 45 por ciento de los extranjeros se encuentra aquí por tráfico de drogas, lo que implica condenas de 9 y 10 años. Buena parte de ellos parecen abocados a conductas delictivas derivadas de su situación irregular", destaca Valero. "Tenemos un Código Penal más duro que el de otros países. Y la gente se equivoca si piensa que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, aunque no falten los multirreincidentes en los pequeños delitos", dice José Luis Castro, juez de Vigilancia Penitencia. También él distingue entre los criminales de la delincuencia organizada -"es el nuevo perfil carcelario: tipos duros, fríos, a menudo antiguos paramilitares, militares o policías del Este que siguen organizados en las cárceles"-, de los traficantes de medio pelo que sólo pueden acceder al tercer grado una vez purgada la mitad de sus nueve años de condena. "Hay que ser duros con los criminales y los terroristas, pero puede que estemos aplicando de forma exagerada el cargo de delincuencia organizada, porque hay una parte de la población penitenciaria muy aprovechable", indica Castro. En todo caso, vistas las orejas al lobo del crimen organizado y de la corrupción rampante, los poderes públicos parecen ahora decididos a que también los delincuentes de guante blanco, los blanqueadores y los corruptos encuentren su hueco entre rejas. Más información.

Mafia es toda organización dedicada a subvertir la ley en provecho propio, generalmente de tipo económico, bien sea mediante la utilización de la fuerza, bien sea a través de la corrupción pacífica. En ocasiones, las dos ramas de la Mafia trabajan en comandita para obtener sus fines prosaicos. La Mafia Activa no podría existir sin la Mafia Pasiva. Hoy, merced a la globalización de la economía y las telecomunicaciones, las mafias locales se dan cita en el Sindicato Mundial del Crimen (SMC), gran club financiero para el blanqueo de capitales. En algunas regiones del mundo, casi todas, no está claro donde comienzan las operaciones del SMC y donde termina la política económica de los Estados, pues "en una sociedad donde la moral política sólo es una palabra hueca porque los políticos se compran y la corrupción está a la orden del día, la delincuencia organizada encuentra un ambiente idóneo" (Jürgen Roth y Marc Frey, coautores de la obra "Europa en las garras de la Mafia"). También Eckhardt Werthebach, ex agente secreto alemán, ha dicho: "El peligro para el Estado de Derecho no reside en el acto delictivo, sino en la posibilidad de influir perdurablemente en los procesos democráticos de decisión. Con su gigantesco poder financiero, la delincuencia organizada obtiene secretamente una influencia cada vez más importante sobre nuestra vida económica, social y política, y de este modo desaparecen gradualmente la independencia de nuestra justicia, la credibilidad de la política y la confianza de los ciudadanos en los valores del Estado de Derecho democrático".