CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
CHOCHONA Y LA JUEZA DEL ORDENADOR
¡Afirmativo! He firmado un pacto con el diablo. Tengo setenta primaveras, pero las señoras no se lo creen. Excelente salud y memoria intacta. Con la bendición de la Divina Providencia voy a escribir mi obra cumbre: "De los cuarenta años de la Dictadura a los cuarenta años de la corrupción y los crímenes de Estado". Tanto el ministro Chochona como la jueza estrellada Victoria Rosell Aguilar tendrán sendos capítulos. Pero hoy no quiero hablar de mi próximo libro ni tampoco de la respuesta de Marianico Gürtel de Bárcenas a mi petición sobre el terrorista venezolano y prófugo de la justicia Antonio Ledezma Díaz (me demoraré pocos días en hacerlo); sino de mi demanda en la Audiencia Nacional por la Responsabilidad Patrimonial del Estado en la campaña de terrorismo psicológico orquestada por el cibersicariato del "paraco" Álvaro Uribe Vélez.
No espero nada de la justicia española (el caso terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde España colecciona sentencias en su contra por torturas policiales a detenidos de ETA y por violar los derechos procesales de gente ilustre como don Fedelico Jiménez Losantos). No espero nada; sólo un poquito de vergüenza. La Audiencia Nacional (y posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional) podrá rechazar mi petición de indemnización por los daños morales ocasionados por la negligencia del Estado, pero la Audiencia Nacional no podrá esconderse ante su responsabilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
"Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido involucrado por el cibersicariato paramilitar colombiano en una calumnia publicada en una cuenta anónima en el portal terrorista wordpress.com (terrorista porque se ha negado a eliminar esa cuenta anónima difamatoria) para darle verosimilitud a la calumnia. La Audiencia Nacional, podrá darme la razón o no en mi petición indemnizatoria, pero no podrá escudarse en el desconocimiento del hecho. De momento no ha dado traslado a la Fiscalía General del Estado de la calumnia (gravemente comprometedora para la credibilidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la vulneración, desde hace más de tres años, de mi derecho a la honra reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española).
¿Cuánto tiempo aún tardará la Audiencia Nacional en cumplir lo previsto en el ordenamiento juridico vigente? ¿Por qué la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, independientemente del curso de la demana, no ha cursado testimonio a la Fiscalía General del Estado por un delito contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como es aparecer en una campaña de terrorismo psicológico orquestada por el cibersicariato paramilitar colombiano por mi testimonio contra Álvaro Uribe Vélez?
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AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS